Tras la entrada en vigor de la Ley 3/2011, de 23 de marzo, de la Generalitat, de comercio de la Comunitat Valenciana, se ha puesto de manifiesto que la obligación de cumplimentar determinados requisitos para el desarrollo de la actividad comercial ha devenido en la generación de distintas cargas administrativas que suponen una exigencia prescindible para la administración y cuya eliminación, sin embargo, contribuirá a incentivar esta actividad económica.

La supresión de estas cargas administrativas, que ya estableció el Decreto 165/2010, de 8 de octubre, del Consell, por el que se establecen medidas de simplificación y de reducción de cargas administrativas en los procedimientos gestionados por la administración de la Generalitat y su sector público, está en la línea de otras recientes disposiciones, tanto de ámbito estatal, como el Real decreto ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, como de ámbito autonómico, como la Ley 2/2012, de 14 de junio, de la Generalitat, de medidas urgentes de apoyo a la iniciativa empresarial y a los emprendedores, microempresas y pequeñas y medianas empresas de la Comunitat Valenciana, y el Plan de simplificación y reducción de cargas administrativas (SIRCA), aprobado por el Consell el 19 de febrero de 2010.

De acuerdo con lo anterior, esta ley se dirige a tres ejes de acción:
la incorporación del nuevo procedimiento para el inicio y el ejercicio de la actividad comercial, la eliminación de los registros comerciales y la simplificación del procedimiento administrativo para la implantación, ampliación y modificación sustancial de establecimientos comerciales de impacto territorial.
 

DOCV Ley 6/2012